El desarrollo y la producción de pilas y baterías son prioridades estratégicas para Europa en su transición hacia la energía limpia. También son componentes clave de la industria automovilística europea. La demanda mundial de pilas y baterías está aumentando rápidamente y se prevé que se multiplique por 14 de aquí a 2030. Para reducir al mínimo la repercusión medioambiental de este crecimiento y teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en la sociedad, los nuevos avances tecnológicos, los mercados y los usos de las baterías, la Comisión Europea propuso en 2020 un nuevo Reglamento relativo a las pilas y baterías.
El Reglamento entró en vigor el 17 de agosto de 2023 y deroga la Directiva relativa a las pilas (Directiva 2006/66/CE). Continúa restringiendo el uso de mercurio y cadmio en las pilas y baterías e introduce una restricción para el plomo en las pilas y baterías portátiles.
Además, persigue los objetivos siguientes:
- reforzar el mercado interior garantizando la igualdad de condiciones a través de un conjunto de normas común;
- promover una economía circular;
- reducir los efectos ambientales y sociales a lo largo de todo el ciclo de vida de las pilas y baterías.
Restringir las sustancias peligrosas en las pilas y baterías
El artículo 6 del Reglamento establece el marco para limitar las sustancias peligrosas en las pilas y baterías. Dicho marco garantiza que las sustancias utilizadas en pilas y baterías o presentes en sus residuos no supongan un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente.
A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se identificarán las sustancias presentes en las pilas y baterías que tienen un efecto negativo en la salud humana, el medio ambiente o los procesos de reciclado.
La Comisión también puede solicitar a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que prepare una propuesta de restricción de conformidad con el anexo XV del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
Un Estado miembro de la UE también puede presentar una propuesta de restricción.
